El 26 de febrero de ese año, Gallardo regresaba a su casa junto a unos compañeros de trabajo, cuando fueron sorprendidos por una patrulla policial en la comuna de la Pintana.

Según los antecedentes del proceso, el carabinero Tito José Merello conminó a los trabajadores a detenerse y a tirarse boca abajo contra el piso. Facultado por la entonces detención por sospecha, el uniformado comenzó a registrar bruscamente a los obreros, a quienes prohibió bajo amenaza de muerte levantar la cabeza o hablar Una vez terminada la revisión, Gallardo no acató la orden y preguntó al policía acerca del motivo de su detención. Tito lo encañonó con la UZI y se le escapó un tunazo La Corte Marcial, el 18 de noviembre de 1994, determinó que la negligencia culposa estuvo en que el uniformado no verificó el seguro de la subametralladora al momento de apuntar. Por esa "ineptitud" sentenció a Merello a 300 días de prisión y luego la familia del obrero demandó al Fisco por la responsabilidad civil que le cabía en los hechos.

Años más tarde, la jueza del 15º Juzgado Civil de Santiago, María González, determinó que el Fisco debía cancelar a la familia de Gallardo 40 millones de pesos, puesto que el poli al momento de su fatal condoro se desempeñaba como funcionario del Estado.

Finalmente ayer, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conformada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Jorge Zepeda, y el abogado integrante Hugo Llanos, confirmó de manera unánime el fallo de la jueza.

El abogado querellante, Nelson Caucoto, afirmó que el fallo es una buena señal para que el Fisco se haga responsable de los delitos cometidos por funcionarios del Estado en ejercicio.