A los segundos, los asistentes empezaron a olfatear el aire y se percataron que Allendes estaba empapado en combustible y que tenía un encendedor en la mano. "Logramos arrebatárselo. El hombre está mal, su problema es grande, pero nunca para tanto", señaló un funcionario que todavía da gracias al Pulento por permitir impedir el fatal desenlace.

El ex empleado del consultorio Juan Pablo II decidió llegar tan lejos, motivado por la profunda depresión que le causó que lo despidieran de su empleo, acusado de un robo que no cometió. "Me dejaron sin pan para llevar a mi casa y ahora que la Contraloría ordenó suspender la medida, porque no se encuentra acreditado el robo, no han querido reincorporarme o limpiar mis papeles", dijo el deprimido camillero, quien vive en un humilde rancho de Peñaflor.

Aunque sabe perfectamente que en el consultorio no lo quieren ver ni en fotoshop, debido a su carácter un tanto reclamón, piensa que la forma que idearon para despedirlo no fue sólo de mala leche, sino que además perversa.

Entre julio y septiembre del 2001, en el mencionado centro de atención primaria se extravió un oxímetro, un balón de gas y un laringoscopio, entre otros instrumentos. A partir de ese momento, se inició un sumario administrativo que concluyó el 9 de abril de este año, donde se estableció que los responsables de los choreos eran Allendes y otros tres funcionarios, los cuales sólo recibieron sanciones administrativas.

"Mi error fue en ese período pasarle a una mujer discapacitada cuatro jeringas y tres ampollas de agua destilada, porque no tenía plata para comprarlas. Y no las robé, sino que se las pedí al auxiliar de enfermería. Eso les sirvió para acusarme de todas las irregularidades que a menudo vienen ocurriendo en el consultorio", apuntó Allendes.

El funcionario, sintiéndose inculpado injustamente, presentó su apelación al alcalde Desiderio Moya , pero éste no lo pescó. El 9 de mayo fue exonerado.

"En mi casa vivimos muchas personas sólo con el sueldo de mi esposa. No tengo ni para comprar el pan. Por eso fui hasta la Contraloría y presenté los antecedentes", agregó Allendes, quien, documento en mano, mostró el fallo en su favor.

El texto indica claramente que la sanción disciplinaria debería suspenderse por haber diligencias pendientes como el interrogatorio a dos personas que tuvieron contacto con Allendes en la fecha del supuesto robo. Además establece que el robo no se encuentra ajustado a derecho, porque no está acreditado fehacientemente la responsabilidad del exonerado en el delito.

"La Contraloría emitió ese informe el 5 de septiembre y dio como plazo 15 días para investigar y suspender la sanción. Han pasado 3 meses y nada se ha hecho. Si el Concejo no me daba una respuesta clara, yo me quemaba ahí mismo", añadió.

Fuentes de la muni de Padre Hurtado le prometieron crear una comisión de concejales para revisar su situación.