Carmen Ibáñez (RN), Cristián Leay (UDI) y Jorge Tarud (PPD) juraron apatotados que los cholitos borraron con el codo el Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones Chilenas y Peruanas aprobado hace dos calendarios, que asegura que no serán tocados los millones invertidos allá y acato por empresas de ambas naciones.

Tarud dijo que la decisión es ilegal y contradice al propio Instituto de Recursos Naturales del Perú, que en junio certificó que la planta Lucchetti en los Pantanos de Villa no atenta de modo alguno contra el medioambiente y el ecosistema.

Para más remate, dejó clarito como el agua mineral que la planta "no está situada en una zona ecológica".

Los dueños de Lucchetti invirtieron 150 guatones de dólares en la planta, que da pega a 400 peruanos que de cerrarse quedarán de patulecas en la calle.

"La Regalona" -en todo momento asesorada por su orgulloso esposo, el diputado Iván Moreira- señaló que había una clara "animosidad" parecida a la época de la Guerra del Pacífico, cuando el gobierno peruano de la época elevó los impuestos a las empresas salitreras chilensis violando todos los acuerdos, pese a que aquí se les han abierto los brazos a 60 mil hermanos del país del Rímac.

El diputado Leay sostuvo que si Perú sigue tieso de mecha, Jaguarlandia deberá hacer uso de todas las medidas, como el acudir a la Corte Penal de Justicia, para que se pare la chacota.