La historia de este hecho, que deja de infantería a quienes se ganan los garbanzos en una importante repartición pública, comenzó a escribirse cuando por órdenes superiores fue despedido uno de los abogados, quien llevaba laburando nada menos que 24 calendarios en la Corporación. Las razones para la P.L.R., según se supo, habrían sido el no cumplimiento de labores encomendadas.

Al afectado, Luis Navor Fuenzalida, el asuntito le cayó como patá en la guata. Tras darle un par de vueltas llegó a la conclusión de que la medida no tenía fundamento alguno, además de ser una acción ilegal y no ajustada a derecho.

Así con un cuello, el profesional interpuso una querella ante el Juzgado del Trabajo por despido injustificado, proceso que se desarrrolló con todas las de la ley, incluidos los comparendos de rigor. Sin embargo, no fue posible encontrar un arreglo al entuerto ni menos en lo que tiene que ver con el monto de la indemnización que debía cancelar la Corporción de Asistencia Judicial.

Así las cosas, el juicio entró en tierra derecha, pero al parecer la defensa de la Corporación no fue muy convincente y el juez del tribunal del laburo determinó que el demandante tenía la razón y ordenó que se le cancelara 20 millones de piticlines.

La sentencia fue apelada al tribunal de alzada correspondiente, cuyos magistrados, sin mucha demora, confirmaron el dictamen de primera instancia.

Como Juan Segura vivió muchos años y para quedar resguardado ante la falta de billete, el querellante solicitó al tribunal el embargo de seis camionetas que pertenecen al mencionado organismo.

Frente a tal situación, la Corporación tuvo que recurrir a la Corte Suprema con el propósito de revertir la situación, recuperar las camionetas y no quedar de patagonia.